Hasta ahora, el procedimiento para perseguir los delitos relacionados con la propiedad intelectual consistía en denunciar una página al juzgado y esperar a que el magistrado emitiera una sentencia condenatoria ajustada a derecho. Esto representa lo habitual y deseable en cualquier estado de derecho regido por el imperio de la ley. Sin embargo, los jueces han sentenciado muchas veces que las webs de enlaces no son ilegales y que no vulneran ningún mandamiento legal referido a los derechos de autor. Sus enlaces son meros datos que indican donde encontrar una obra pero ellos mismos no la contienen ni suponen difusión pública de dicha obra. Tras unos 40 casos de denuncias fallidas por parte de las asociaciones pro-derechos de autor, y viendo que el poder judicial da la razón a los internautas, decidieron presionar al gobierno para sortear a los jueces y diseñar una nueva estrategia que les permita cerrar páginas a su libre albedrío sin contar más que con su propia decisión arbitraria. Básicamente se trata de eliminar al árbitro del partido porque no gusta como pita y colocar otro que sea afín a los intereses de una parte, en este caso la industria cultural.
Mi opinión personal es que estoy encantado de que ya hayan tumbado esta ley ya que esta impedía defender los derechos del autor, pero por otro lado, también resulta muy conveniente que la cultura llegue a cuanta más gente mejor.
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